Este sábado se ha publicado la orden JUS / 394/2020, de 8 de mayo, en la que se aprueba un plan de desescalada específico para la Administración de Justicia rompiendo con el «marco único de actuación» establecido por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma y determina quiénes son las autoridades competentes para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981 , de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Campo pretende que los trabajadores de la Administración de Justicia desobedecer el criterio sanitario de desconfinamiento asimétrico y de fases adoptado por el Ministerio de Sanidad y quiere enviar a trabajar al 30-40% de la plantilla este próximo martes día 12 de mayo. Según él, toda la Administración de Justicia entraría el día 12 de mayo en la Fase 1 de desescalada, incluso, en los territorios donde aún seguirán en Fase 0 por criterios sanitarios.
El Ministro de Justicia quiere que los trabajadores nos saltamos el desconfinamiento establecido por la autoridad competente y, sin tener en cuenta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, porque no ha habido tiempo para evaluar y preparar las medidas adecuadas en los lugares de trabajo, con falta de equipos de protección individual y colectiva, hecho denunciado repetidamente por nuestro sindicato, la Confederación General del Trabajo (CGT), ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Consideramos este hecho es extremadamente grave y más aun viniendo de quien viene. Todavía estamos en plena pandemia, la mayor parte de Cataluña todavía está en la Fase 0, y esto puede implicar que gran parte de la plantilla enferme y / o propague la COVID19 los usuarios de Justicia. No olvidemos que la Administración de Justicia es un potencial receptor de agentes transmisores (policía, funerarias, informes de facultativos, etc.) y puede convertirse así en un agente de contagio del virus en la sociedad.
El Ministerio no ha hecho ninguna referencia a la posibilidad de realizar test COVID19 al personal de la Administración antes de la reincorporación al trabajo, a pesar de tratarse de servicios esenciales y de trabajo cara al público. Ni tampoco ningún control de salud en el acceso al trabajo. Y, aun así, siendo conocedor, hasta donde sabe este SINDICATO, que, al menos, 322 personas trabajadoras han sido posiblemente afectadas por la enfermedad en toda la Ad. Justicia de Cataluña.
Desde la CGT exigimos una rectificación inmediata del Ministro de Justicia y la señalamos como responsable directo de los contagios y muertes que puedan derivarse de esta resolución entre el personal de la Administración de Justicia. Los trabajadores de justicia no somos trabajadores de segunda, no nos puede exigir que desobedezcamos y nos saltemos la ley y mucho menos que ponemos en riesgo nuestra salud y, en consecuencia, nuestra vida, y la de nuestros familiares y la de la sociedad en general.
Fuente: CGT - Catalunya
