El sistema público de pensiones, basado en tres principios esenciales: universalidad de las pensiones, suficiencia de recursos del sistema a través de los impuestos, bien directos e indirectos y el principio de equidad garantizado a través de un sistema de reparto y solidario, para que todo el mundo aporte en función de sus ganancias y todo el mundo reciba una pensión que garantice un medio de vida digno, ha sido un objetivo de las clases empresariales para apropiarse de esos cientos de miles de millones y garantizar sus tasas de ganancia y modelos de vida, a costa del empobrecimiento y el expolio de los derechos fundamentales y de las necesidades de una población bien mayor, bien enferma, bien incapacitada para el trabajo.

En 1995, todas las fuerzas políticas, representantes de los intereses particulares de la clase burguesa, al igual que en 1977 llegaron a un consenso en los denominados Pactos de la Moncloa para controlar a una clase obrera en conflicto y con conquistas de derechos tales como salarios, libertades, condiciones de trabajo y de vida, firmaron y consensuaron el denominado Pacto de Toledo, para proceder al gran asalto a los Sistemas públicos de Pensiones de reparto y solidaridad.

La excusa no pudo ser más espuria y lo hicieron para “racionalizar los SSPP y garantizar su sostenibilidad” y gran parte de ese “pacto contra el SSPP” se llevó a la ley en el 97, aprobada y acordada previamente con los denominados “agentes sociales”: CC.OO, UGT, CEOE y Cepyme y en la línea con lo ordenado por la U€, que en su Conferencia de Ámsterdam de Junio de 1997, define el déficit público como el problema central. La Europa de los quince -en esos momentos-, acuerda un ʺpacto de estabilidadʺ consistente en mantener una disciplina presupuestaria para siempre.

En el caso del Estado Español la tasa de paro doblaba, y ahora también, la media europea y si además le sumamos el envejecimiento de las poblaciones y el crecimiento del número de pensiones y de su cuantía, el problema de la “sostenibilidad de los SSPP” podría llegar a sufrir tensiones y conflictos de cierta envergadura, y los Estados y sus clases políticas deciden intervenir a través de políticas de recortes de los ingresos al Sistema Público y recorte de los gastos: bajada de las cotizaciones empresariales, mantenimiento de las elusiones en la cotización de las rentas salariales medias-altas, retraso de la fecha de jubilación, alargamiento del período de cálculo, separación de las fuentes de financiación para de esta manera seguir el robo y el expolio de los capitales, manteniendo su no contribución en función de sus ingresos, y desanclar los incrementos de las pensiones anuales en función del coste de la vida,y no tienen ninguna intención política de intervenir en las políticas de ingresos aumentando la presión fiscal sobre los capitales, los beneficios, las rentas altas, las rentas financieras , estableciendo políticas radicales en la lucha contra el fraude fiscal, focalizado en las rentas altas).

Los mismos representantes del 95 y 97, todas las fuerzas políticas del momento y los “agentes sociales” (CC.OO, UGT, CEOE y Cepyme) consensuaron la Ley 27/2011: fue la primera respuesta ante una situación de desempleo galopante, reducción de los ingresos del Sistema y déficit de las cuentas públicas. Esta ley no hace sino “profundizar en la lógica fundamentalmente contributiva del sistema y de diferenciación de sus fuentes de financiación”, encaminando al “sistema” de reparto y solidaridad, al campo de la capitalización individual.

La ley Rajoy del 2013, insertada en las políticas de recorte criminal de derechos públicos y fundamentales, no hace sino llevar a la práctica lo que “la clase política, sindical y empresarial” habían pactado en el 2011.

Ahora, en plena crisis social, laboral, climática y sanitaria, nos volvemos a encontrar con la respuesta miserable de la política institucional que ha encontrado en el engañoso consenso del Pacto de Toledo la sempiterna justificación de que estamos ante un mal menor, que en toda negociación siempre hay que ceder algo, que se ha conseguido lo mejor posible… Cuando la realidad es que de nuevo pierde lo público y gana lo privado y se ha condenado a la miseria al sistema público de pensiones apalancando tanto la edad de jubilación a los 67 años o más, penalizando, aún más, las jubilaciones anticipadas, aumentando el número de años cotizado para calcular la pensión (15 antes de la reforma del 2011, 23 hoy, 25 en el año 2022), no se eliminan los topes a las cotizaciones de las rentas más altas para que coticen en función de lo que ganan y se potencian los planes privados de pensiones, eso sí negociados por empresarios y los sindicatos CC.OO y UGT, sin por supuesto derogar las Leyes de 2013 y ni mucho menos la ley del 2011, En consecuencia “la banca y la clase empresarial y el capital, vuelven a ganar”.