Los últimos datos mensuales de empleo publicados sobre el mes de junio, ya reflejaban los efectos de la pandemia y de lo que estaba por venir. El total de personas paradas inscritas en las oficinas del SEPE ascendió a 3.862.883. Y aunque el ritmo de destrucción de empleo parecía ralentizarse, los datos seguían siendo preocupantes, y nos anticipaban los malos datos trimestrales que nos iban a llegar con la EPA del II trimestre de 2020.
Por un lado, vemos que el desempleo aumentó en 55.000 personas en los últimos tres meses, situando la tasa de paro en 15,33%, un 6,33% más que el trimestre anterior, y un 9,28% más que el mismo trimestre del año anterior, siendo la tasa de paro femenina del 20% y la masculina de 16.45%. Una realidad que vemos que, como en la crisis de 2008, es especialmente virulenta con los jóvenes, ya que la tasa de paro juvenil vuelve a alcanzar el 40%.
Lo cierto es que la situación es aún más preocupante. En total se han destruido 1.197.700 empleos, el peor dato desde el 2º trimestre de 2012. Sin embargo, no todas las personas que han perdido el empleo han pasado a buscar un nuevo trabajo, o están dadas de alta como demandantes de empleo y/o cobrando el subsidio, más bien, la terrible situación de cierre, incertidumbre e inestabilidad, ha dado lugar a que se conviertan en personas inactivas -que ni tienen trabajo, ni buscan otro empleo-. Como resultado, la inactividad ha aumentado en 1.062.800 personas, lo que significa que esta crisis les ha sacado del mercado laboral ante la desesperación y ausencia de salidas laborales.
Además de la fuerte destrucción de empleo en el segundo trimestre, hay que sumarle las personas en situación de ERTE, que no cuentan como desempleadas. Esto se traduce en la reducción del 22.5% de las horas efectivas trabajadas, un dato histórico que refleja la gravedad de la situación.
Esta fuerte destrucción de empleo supone una dura y difícil realidad para unos 670.900 de hogares que no perciben ningún tipo de ingreso, 74.900 hogares más que el trimestre anterior. Aun existiendo un IMV, muchas de estás familias, seguirán viviendo por debajo del umbral de pobreza y sufrirán de forma aguda los efectos de esta crisis ante las escasas oportunidades existentes.
Otro efecto destacable de la COVID 19, es la reducción del trabajo temporal. Lejos de ser el resultado de una política contra la precariedad y la temporalidad, lo cierto es que es fruto de la funcionalidad que cumplen este tipo de contratos ante la existencia de una crisis. La destrucción del desempleo se ha cebado con aquellos puestos laborales temporales, 7 de cada 10 empleos destruidos, fueron temporales. A través de la no renovación de contratos o la no creación de empleo, especialmente en hostelería y turismo para los meses de verano. Gracias a la facilidad que proporcionan este tipo de contratos para despedir y adaptarlos a las necesidades del capital, 671.900 empleos temporales fueron destruidos en el trimestre. En definitiva, vemos como la estructura del mercado laboral vulnerabiliza a una parte de la clase trabajadora, siendo estas las personas que más se exponen y pagan las consecuencias de la crisis.
Los sectores más afectados por la destrucción de empleo son principalmente aquellos motores en los que se sustenta la economía. En las ramas sectoriales vinculadas con los servicios de turismo, hostelería y comercio, hay 922.200 ocupados menos, cuando estos sectores eran los grandes beneficiados de la creación de empleo durante el segundo trimestre del año de cara a la época estival.
Con menor intensidad, pero también alarmante, vemos como el sector manufacturero se está viendo afectado por la coyuntura. Los datos sobre industria nos muestran que 122.300 empleos has sido destruidos. Una situación de emergencia que se está viviendo en varias fábricas y centros de trabajo en varios territorios del Estado como NISSAN, ALCOA, AIRBUS, ITP AERO, SIEMENS GAMESA o TUBACEX, entre otras. Lo que vislumbra una situación terrorífica para los próximos meses.
Por otro lado, a diferencia de los datos de las EPA de otros trimestres, este escenario, plantea nuevas tendencias como el teletrabajo. El 16,2% de los ocupados, trabajaron más de la mitad de los días en su propio domicilio, 4 veces más que en 2019. Una realidad que se ha introducido ante la nueva situación de pandemia que, si bien tiene aspectos positivos para algunos trabajos y circunstancias, lo cierto es que como venimos denunciando desde CGT, esta solución tal y como se ha planteado durante la pandemia, supone una herramienta de explotación laboral e intensificación del trabajo.
Una muestra del aumento de la intensificación del trabajo son las horas extras. A diferencia de las horas trabajadas efectivas, éstas han aumentado un 9% con respecto al trimestre anterior, es decir, más de 7,2 millones de horas extras a la semana se han realizado en este último trimestre, de las cuales, el 52,3% son no pagadas (3,8 millones de horas a la semana).
Después de analizar los datos de la segunda EPA de 2020, seguimos confirmando la necesidad de aprovechar este momento para revertir la estructura precaria y vulnerable de las relaciones laborales que caracteriza en este sistema. No podemos afrontar los siguientes meses en base a unos pilares tan frágiles que sólo sirven para vulnerabilizar a la clase trabajadora para que paguen los de siempre las distintas crisis que van sucediendo. Y tampoco aceptar que se siga reproduciendo dinámicas amenazantes que solo planteen la dicotomía entre paro o explotación.
Esta crisis tan brutal está teniendo efectos demoledores sobre las relaciones laborales, que ya de por sí estaban especialmente dañadas. No sabemos con certeza los límites y efectos de esta pandemia, pero lo que si sabemos con seguridad es que con la precariedad como pilar estructural del sistema de relaciones laborales, no podremos superarla.
Ahora más que nunca es necesario la derogación de las dos últimas reformas laborales.
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
