Un año después de uno de los mayores accidentes nucleares, el gobierno del Partido Popular, y a la vez de las grandes compañías eléctricas, se empeña en mantener la explotación de la Central Nuclear de Garoña, un reactor idéntico a uno de los más afectados en aquella catástrofe.
El Gobierno ha anunciado recientemente su decisión de prorrogar la vida de la Central al menos hasta 2019, a pesar de que ya el anterior gobierno determinó su cierre para el año 2013 y así fue ratificado por la Audiencia Nacional.
El Gobierno ha anunciado recientemente su decisión de prorrogar la vida de la Central al menos hasta 2019, a pesar de que ya el anterior gobierno determinó su cierre para el año 2013 y así fue ratificado por la Audiencia Nacional.
Dicho cierre, tal y como exigió ante la Audiencia Nacional la CGT junto a Greenpeace y Ecologistas en Acción, tendría que haberse realizado en el año 2009, cuando la Central cumplió el periodo de 40 años para el que había sido diseñada para funcionar con “seguridad”. Esta nueva prorroga supone una temeridad más a la que nos exponen los intereses del lobby nuclear. Garoña tan solo aporta algo más de el 1% del total de la producción eléctrica española por lo que podría ser desconectada sin perjuicio alguno para el suministro eléctrico ocupando a menos de 300 trabajadores que podrían ser recolocados en su desmantelamiento y el plan de desarrollo comarcal vinculado a éste.
No podemos dejar de señalar como responsables de este nuevo riesgo que supondrá la nueva prórroga, a la propietaria NUCLENOR, que pretende mantener los enormes beneficios económicos de una vieja central sobradamente amortizada, el Consejo de Seguridad Nuclear, que una vez más se señala como destacado agente pronuclear en lugar de garante de la seguridad de este tipo de centrales, y como no el Gobierno del Partido Popular al servicio de sus amiguetes, los directivos de las grandes compañías eléctricas.
Un año después del terrible accidente de Fukushima, resulta patente que el Gobierno de Japón, la compañía eléctrica y el organismo de seguridad nuclear no solo despreciaron las consecuencias del accidente, sino que mintieron reiteradamente sobre la realidad de lo que allí pasaba, en claro desprecio al riesgo creado sobre la población. Es más, de haberse tomado con anterioridad determinadas medidas como el enfriamiento con agua de mar, lo que suponía admitir la magnitud de la catástrofe, los efectos de la catástrofe nuclear se hubieran podido reducir.
La realidad iba superando una y otra vez a la ficción de la misma manera que la propia empresa propietaria de la Central TEPCO o la presidenta del Foro Nuclear Español, María Teresa Domínguez, iban cambiando sus versiones sobre los hechos y las consecuencias que estos tenían. Todo falló antes y después del accidente : los riesgos se conocían dado que existían informes que los reflejaban, las medidas de prevención y el plan de emergencias se demostraron como un auténtico fracaso y lo que es peor, las consecuencias de la catástrofe las pagaron los ciudadanos que aun hoy se quejan de la falta de información, y el erario público que terminará sufragando los costes del accidente.
Aun existen más de 100.000 desplazados en el entorno del accidente donde se mantiene por el gobierno japonés la zona de exclusión en un radio de 20 km. de la central. La descontaminación ha terminado siendo asumida por el Gobierno Japonés, eximiendo a la empresa que ocasionó tales daños de gran parte de los costes de su reparación. Mientras unos se enriquecen somos otros los que pagamos las consecuencias.
Las consecuencias sobre la población de la fuga radioactiva derivada de la fusión de 3 de los reactores de la central de Fukushima no se podrán determinar hasta dentro de 20 años. El Gobierno Japonés ha informado que solo el desmantelamiento de la Central va a durar unos 40 años, mientras que aún no sabe qué hacer con los millones de toneladas de residuos contaminados.
La prórroga de Garoña no ha sido la única medida adoptada por el actual Gobierno abandonando los intereses generales y allanándose a los intereses de las grandes compañías eléctricas. La aprobación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas y la eliminación de un plumazo de las ayudas al desarrollo de la energías renovables, que ya están destruyendo cientos de puestos de trabajo en este sector, son nuevos atentado un modelo energético seguro, eficiente y sostenible en beneficio del Capital. Por lo que desde la Confederación General del Trabajo (CGT) tenemos que combatir este atentado contra la clase trabajadora y el medio ambiente. Por que el accidente de Fukushima lo hemos sufrido nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras.
SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CGT
