Hacen leyes para desmantelar progresivamente el Sistema Público de Pensiones de reparto y solidario

El lunes, 28 de junio de 2021, la Mesa Técnica de pensiones formada por los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT ha concluido con un texto, que aborda las reformas más inmediatas de nuestro SPP y anuncia las que vendrán para finales del 2021.

El acuerdo definitivo, que traslada las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño, también recogidas en parte en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se formalizará una vez que los órganos correspondientes de los agentes sociales lo ratifiquen y Bruselas le dé el visto bueno.

Nos encontramos, lo vistan como lo vistan, ante un nuevo recorte del sistema público de pensiones, que afecta especialmente a la edad de jubilación, a la penalización de las jubilaciones voluntarias, a todas las generaciones de pensionistas de futuro, a los periodos de cálculo a tener en cuenta para las próximas jubilaciones y a la entrada de los Fondos privados de Pensiones (financieras, aseguradoras, etc.), que vaciará -aún más-, la Caja única de la Seguridad Social, para mayor gloria de banqueros.

Indicados los datos formales y desconociendo el detalle del texto que se debe ratificar, sí podemos apuntar los puntos que consideramos más negativos:

1º Bajo el gimnástico calificativo de la flexibilidad ligado a la jubilación nos encontramos con un nuevo recorte que supone un aumento significativo de los coeficientes penalizadores para quienes se acojan a la jubilación anticipada voluntaria, esto es, para quienes decidan jubilarse dos años antes de la edad legal. Sin disponer aún del dato definitivo parece que esta penalización aumentaría un 20% dependiendo del tiempo de cotización, a menor tiempo mayor penalización.

2º Se incentiva la jubilación demorada subiendo en un 4% la pensión por cada año que se decida retrasarla más allá de la edad legal. También se contempla beneficiar la demora con un pago único que podría llegar a los 12.060. Se posibilita compatibilizar ambas opciones en esta especie de lotería a la carta, a la carta marcada.

3º La jubilación activa, esto es, compatibilizar jubilación y trabajo, se persigue favorecer la permanencia en el trabajo estableciendo una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de trabajadores y trabajadoras que hubieran cumplido la edad de 62 años.

En resumen, todo lo contrario, a lo razonable, en vez de facilitar en un país con la mayor tasa de paro juvenil de la OCDE la posibilidad de acceder a un empleo a su población más joven, se opta por potenciar que quienes ahora trabajan se jubilen cuanto más tarde mejor. Por supuesto, todo aderezado con el engaño en los términos, donde hablar de solidaridad intergeneracional se limita a un mero adorno sin sustancia.

4º Revalorización con el IPC: El acuerdo, desarrollado en forma de anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año. Ahora bien, cada cinco años se evaluará este mecanismo en la mesa del dialogo social, “toda una garantía”.

5º Nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, sustituye al Factor de Sostenibilidad que debería entrar en vigor en el año 2023, por una nueva reformulación del mismo que nos tememos que tendrá similar alcance y que entrará en vigor en el año 2027.

Este mecanismo debe estar definido antes del 15 de noviembre exista o no acuerdo, así lo expresa propia nota de prensa emitida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: “Si en ese proceso de negociación en el marco del diálogo social no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno regularía el citado mecanismo para que pueda estar definido en el momento de entrada en vigor de la ley.”

Se trata de idear un mecanismo o factor según el cual el importe de la pensión se ligue a la esperanza de vida, cuanta mayor esperanza de vida menor pensión.

Toda una obsesión por reducir el gasto en pensiones y así contentar a los mercados y, en consecuencia, sucumbir al chantaje a que obligan los organismos de la UE para poder acceder a los fondos de recuperación.

La segunda parte del pacto establece que se regularán por los “ley”, los planes de empleo a través de la negociación colectiva, acompañadas de las suculentas comisiones que se llevaran las entidades gestoras y los sindicatos del dialogo social que forman parte de ellas y la ampliación del periodo de cálculo más allá de los 25 años.

Gobiernos (todos y de cualquier color), parlamentos a través del Pacto de Toledo, agentes sociales CEOE, CC.OO y UGT, desde 1995 vienen legislando y orientando sus políticas en función del gasto y no del ingreso, bien retrasando la edad de jubilación, bien bajando salarios, bien recortando las cotizaciones empresariales, bien ampliando y endureciendo los requisitos para tener derecho a una pensión digna, bien congelando las pensiones, bien reduciéndolas a través de “fórmulas matemáticas de trileros” o bien permitiendo que los más “ricos” no coticen por todo lo que ingresan (topes en la cotización máxima que elude la entrada de 9.000 millones anuales a la Caja de la Seguridad Social), atentando directamente contra Derechos Fundamentales de los casi 9 millones de pensionistas actuales y los millones de personas pensionistas en el futuro.

Tenemos que salir a la calle no sólo los cientos y cientos de miles de pensionistas, sino los cientos y cientos de miles de las personas trabajadoras actuales, la mayor parte con contratos precarios, en defensa incondicional del SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES DE REPARTO, SOLIDARIO Y UNIVERSAL, y echar abajo la Reformas (todas ellas, la del 2011, la del 2013 y las del 2021 y 2022), exigiendo el reparto del trabajo adelantando la edad de jubilación a los 60 años, una pensión mínima de 1.084 euros para todos y todas y la sostenibilidad del SPP a través de los PGE.