La acusación pide un total de 300 años de prisión y una multa de casi 400.000 euros, además de la prohibición de acceder al recinto de la UAB durante cinco años.
La Confederación General del Trabajo (CGT) aprobó en la última reunión de su Comité Confederal convocar una jornada de apoyo a Ermengol Gassiot (Secretario General de CGT-Cataluña y profesor de la UAB) y al resto de procesados del caso «Som 27 i més» (Somos 27 y más) coincidiendo con los muchos actos de solidaridad que se están celebrando este mes de octubre en numerosas poblaciones catalanas.
La Confederación General del Trabajo (CGT) aprobó en la última reunión de su Comité Confederal convocar una jornada de apoyo a Ermengol Gassiot (Secretario General de CGT-Cataluña y profesor de la UAB) y al resto de procesados del caso «Som 27 i més» (Somos 27 y más) coincidiendo con los muchos actos de solidaridad que se están celebrando este mes de octubre en numerosas poblaciones catalanas. La convocatoria general de la CGT se fijó para el 20 de octubre, y durante ella tendrán lugar acciones de apoyo a los 25 estudiantes, un profesor y un empleado PAS de la UAB. Además de charlas informativas, colocación de pancartas y entrega de escritos en los rectorados de las universidades españolas, para este próximo jueves hay convocadas concentraciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Coruña, Alicante, Santander, Burgos, Pamplona, Segovia, Lleida, Tarragona, El Vendrell, etc. (1)
Los hechos por los que se sientan en el banquillo estas personas relacionadas con la Autónoma de Barcelona se remontan a la primavera del año 2013, cuando en un contexto de recortes en la educación, más de 150 estudiantes y algunos profesores y empleados universitarios se encerraron en el rectorado de la UAB para exigir la aplicación de unos mociones aprobadas anteriormente en el Claustro, órgano no vinculante pero sí de máxima representación de todos los sectores de la comunidad universitaria y el de mayor rango en el que participa el estudiantado. Dichas mociones defendían, entre otras medidas, que la UAB incumpliera la subida de tasas del 66% y que se estableciesen títulos especiales de transporte público para estudiantes de la universidad.
Más de tres años después de aquella protesta, la Fiscalía formula peticiones de penas de prisión de 11 años y cinco meses para 20 de los acusados, además de demandar que se imponga a todos los acusados la prohibición de acceder a la UAB durante cinco años. Con esta segunda petición se impediría –aún en el caso de no ser condenados a prisión- que varios estudiantes pudieran acabar su carrera y que quienes son plantilla de la universidad puedan desarrollar sus funciones. Para los otros siete procesados la acusación pide un total de 13 años y nueve meses, puesto que la acusación de ocupar el rectorado, añade la de coacciones para alterar la libertad de expresión, supuestamente ejercidas contra una vicerrectora. Por si todo esto no fuera suficiente, también se pide desde la acusación una indemnización a la UAB, que en conjunto se acerca a los 400.000 euros.
La CGT considera un absoluto despropósito este proceso y reitera su denuncia sobre las distintas «varas de medir» que la Justicia suele aplicar según los procesados pertenezcan a la clase trabajadora –que ejerce su derecho a defender unos servicios públicos universales y de calidad- o sean de las castas dirigentes y adineradas. Lo estamos volviendo a comprobar con la suaves peticiones de condena de los implicados en los casos Gürtel, ERE, Bankia, Palau, etc. y con la dureza que se aplica en casos como este de «Som 27 i Mes» o con otros donde son procesados trabajadores o jóvenes activistas libertarios: «Procesión Coño Insumiso», Pandora, Mateo Morral, Alfon, etc. que –curiosamente- suelen acabar con la absolución o el archivo de la causa, porque son auténticos montajes policiales y/o judiciales contra la gente que lucha por sus derechos y que no ha cometido más delito que ser pobre.
Precisamente se ha conocido hace unos días la sentencia por la que se condena (cuatro meses y quince días de prisión) a dos militantes de la CGT de Andalucía por la ocupación simbólica de una finca en Pizarra (Málaga) de propiedad pública, pero que desde hace décadas viene usurpando una familia de terratenientes. Según el Juzgado nº 14 de Málaga su delito fue «mostrar intención de quedarse en la finca reclamada para uso social».
Secretariado Permanente de CGT – Gabinete de Prensa
Horarios y lugares de todas las concentraciones en: http://www.rojoynegro.info
