La CGT rechaza la privatización del Sistema Público de Pensiones

El pasado mes de diciembre se consumó la primera parte de la “reforma” del Sistema Público de Pensiones, con el gravísimo recorte (más de un 3%, en un solo año) de la capacidad adquisitiva de las pensiones, con la trampa del llamado “IPC medio”. Un panorama inquietante, ante la previsible subida generalizada de los precios y la escasez de productos básicos, con motivo de la crisis y de la guerra en Europa, que las élites intentarán que paguen los más débiles.

Pero desde hace tiempo, desde el Movimiento Pensionista y desde la CGT, veníamos denunciando que la segunda parte de ese saqueo en forma de una “reforma” de las pensiones públicas, vendría en forma de privatización del Sistema Público, y por desgracia los hechos nos están dando la razón.

En efecto, el Consejo de Ministros del Gobierno PSOE-UP (con Escrivá y Calviño de promotores) aprobó, el pasado día 22 de febrero, el proyecto de ley llamado “de Regulación para el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo”, con la constitución de un “fondo público” que será gestionado con ánimo de lucro privado por bancos, aseguradoras, fondos de inversión y, cómo no, también por los “agentes sociales”, incluyendo a las direcciones de CCOO y UGT.

Por desgracia, se están cumpliendo nuestras peores previsiones. Camuflado detrás de la subida pírrica del SMI en el mismo Consejo de Ministros, y con el ruido mediático de la crisis bélica, ese proyecto de ley sienta las bases para la privatización de las pensiones públicas. Inicialmente se nutrirá de fondos de las cotizaciones sociales sustraídas al sistema público (que, no lo olvidemos, son salario indirecto de las y los trabajadores), y de aportaciones de empresas y partícipes que, al final, también serán a cargo de los salarios directos de la gente. Y todo ello para engordar los bolsillos de los de siempre.

Las consecuencias de este atentado a las pensiones públicas no son difíciles de prever:

La ruptura de la caja única de la Seguridad Social, patrimonio de la clase trabajadora, y su debilitamiento como instrumento de cohesión social y reparto solidario de
El aumento de la desigualdad, al establecer una dualidad discriminatoria entre las personas con condiciones laborales más o menos estables, empleadas en empresas que promuevan esos fondos, y las víctimas de la precariedad y de la explotación (que por desgracia ya son mayoritarias y cada vez lo son más), que quedarán excluidas de ese “fondo Público”.
Es un paso más hacia la “mochila austríaca” (“a la española”, es decir, cargada de piedras), proyecto dorado de la ministra ultraliberal Calviño, para que tanto el despido como la pensión se la pague la persona trabajadora.
Supone un saqueo del erario público, en la medida que las aportaciones al fondo vendrán adobadas de beneficios fiscales en forma de rebaja de impuestos.
Es un auténtico atentado, en definitiva, a la propia estructura del “estado social y de derecho”, reconocido constitucionalmente, al convertir derechos sociales básicos en objeto de negocio privado, en “estado de desecho”.

La CGT no vamos a consentir que se imponga este proyecto. Desde nuestra presencia en las empresas y sectores productivos estaremos vigilantes y denunciaremos a quienes, desde la negociación colectiva, pacten la puesta en marcha de esos “Planes Privados de Empresa”.

Además, estaremos codo con codo con el Movimiento Pensionista, unánimemente decidido a defender el Sistema Público de Pensiones, y absolutamente contrario a su privatización, bajo cualquier fórmula. Nuestro futuro, el de la clase trabajadora, está en juego.