El virus Covid-16 ya ha acabado con la vida de 1350 personas (datos del sábado 21) en nuestro país. Mientras tanto, los datos de Italia, donde ya se superan los 4000 fallecimientos, y que en la jornada del día 19 tuvo que asistir a su momento más dramático (más de 600 fallecimientos por coronavirus en un solo día) nos alertan de que podemos sufrir una situación similar, o incluso peor, si no se adoptan medidas más contundentes con carácter inmediato para paralizar los contagios por parte de las instituciones.
La salud y la vida de millones de personas en todo el mundo se encuentra en riesgo. Los gobiernos están en la obligación de garantizar y priorizar la vida y su sostenibilidad, y esta sostenibilidad de la vida no pasa precisamente por inyectar miles de millones a la economía capitalista, sino que pasa por garantizar a toda la población trabajadora, al igual que a las personas excluidas, pobres y desahuciadas, una renta básica que cubra todas sus necesidades vitales.
Demandamos y exigimos que la actividad de todos los sectores productivos, financieros y de distribución, que no son esenciales para la vida como la salud de las personas y su bienestar en el confinamiento sanitario, sea paralizada de inmediato.
Millones de trabajadores y trabajadoras siguen siendo obligados y obligadas a asistir a sus puestos de trabajo, con la única finalidad de “asegurar el beneficio y la rentabilidad de las empresas”, a costa de producir mercancías absolutamente innecesarias en estos momentos y a costa de la salud de las personas trabajadoras.
Os informamos de que, en virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 21) tenemos derecho a negarnos a trabajar en todas aquellas actividades que no son esenciales, para preservar nuestra salud y la del colectivo social. Desde la CGT, también al amparo de dicho artículo, hemos ordenado la paralización de actividad en muchos centros de trabajo por riesgo grave e inminente, pero la actuación de la inspección de trabajo ha sido preocupantemente dispar ante situaciones idénticas.
Las empresas de servicios esenciales, agua, gas, electricidad, transportes públicos, sanidad, dependencia y abastecimiento alimentario, con plantillas suficientes, turnos de trabajo rotativos y medidas de protección adecuadas, son quienes garantizan nuestra salud, su salud y la vida de todo el colectivo social.
Es especialmente dramático lo que está ocurriendo en relación a la residencias de personas dependientes, las personas en exclusión social, sin medios sanitarios y recursos humanos, cuando son la población más vulnerable.
Mención aparte merecen las penosas condiciones de seguridad a las que se están enfrentando todas las personas que trabajan en centros y servicios sanitarios. Los EPI´s (equipos de protección individual) son prioritarios para que todas las personas trabajadoras puedan realizar su trabajo en condiciones de seguridad. En el caso concreto del personal que trabaja en centros y servicios sanitarios, sus denuncias públicas ante la ausencia de los mismos han sido constantes sin que se haya solucionado este grave problema hasta el momento.
En una cantidad de casos alarmante, las medidas de seguridad sólo han llegado hasta la puerta de los centros de trabajo. Por no mencionar las masificaciones vividas en el transporte urbano.
Tenemos los ejemplos de aquellos países donde la pandemia se ha propagado entre la población con anterioridad. Tenemos sus respectivos datos de contagios y fallecimientos.
Por lo tanto, es una autentica locura y una muy gravísima irresponsabilidad no paralizar toda actividad no esencial.
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
