Negación del Derecho Humano esencial a la protección de la Salud.
Negación del Derecho Humano a un salario mínimo suficiente.
Negación del Derecho Fundamental a la Huelga.
Tres decisiones muy graves, que han sido adoptadas por el “estado español” a través de sus distintos poderes:
La primera, la negación de la asistencia sanitaria universal a las personas migrantes “sin papeles” adoptada por el Tribunal Constitucional, que tira abajo el decreto de la Generalitat del País Valenciá.
Tres decisiones muy graves, que han sido adoptadas por el “estado español” a través de sus distintos poderes:
La primera, la negación de la asistencia sanitaria universal a las personas migrantes “sin papeles” adoptada por el Tribunal Constitucional, que tira abajo el decreto de la Generalitat del País Valenciá.
La segunda, la negación de un Salario Mínimo digno y suficiente, al cerrar un “pacto social” entre el Gobierno, Patronal y Sindicatos del régimen (CC.OO y UGT), fijando el mismo muy por debajo de las necesidades vitales de las personas e incumpliendo claramente la Carta Social Europea.
La tercera, la negación del Derecho a la Huelga de los y las trabajadoras encargadas del control de pasajeros en el aeropuerto de Madrid (Barajas), adoptada por un Juzgado de Madrid, ante demanda de la patronal que solicitaba que la huelga fuera declarada “ilegal”, antes de hacerla.
Desde CGT denunciamos estas políticas caníbales contra los Derechos Humanos que violan de manera sistemática “las propias reglas de juego” que las “llamadas” democracias dicen tener para la convivencia social y la defensa del interés general.
El Derecho a la Asistencia Sanitaria Universal para cualquier persona, resida donde resida y con independencia de sus “status de ciudadanía”, es un Derecho Humano Fundamental, a la vez que la Carta Social Europea, obliga a todos los estados firmantes a cumplir con este Derecho Fundamental: “Las Partes, al suscribir la Carta Social Europea (…) han aceptado perseguir por todos los medios útiles la realización de condiciones aptas para asegurar el ejercicio efectivo de un cierto número de derechos, especialmente el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la asistencia social y médica y el derecho a los servicios sociales” (…)
Diferentes Estados firmantes de la CSE han sido condenados por violación del derecho a asistencia sanitaria, alimentación, vestido y alojamiento (arts. 11,1, 13,1 y 4, 19.4, 30 y 31,2) que todo Estado que ratifique la CSE debe observar.
La necesidad de un SMI digno y adecuado a las necesidades vitales, al menos que se sustentara en lo establecido en la CSE, es decir el 60% del salario medio, debiera haberse establecido en 1.126,86 € en el estado español.
Los distintos aparatos del régimen (gobierno, patronal, CC.OO y UGT), han realizado un “pacto de país”, para que el salario mínimo, ni tan siquiera en el 2020, llegue a los 900€.
Gobierno y oligarquía económica, es decir, las grandes empresas, especialmente las del Ibex 35, que acumulan beneficios escandalosos para repartírselo entre sus accionistas y directivos, a costa de una devaluación masiva de los salarios desde la Reforma Laboral del 2012, y la sobre explotación de los millones de personas que acceden al trabajo desde esa fecha, deben estar “muy satisfechos, puesto que este pacto de país, apalanca, aún más, un mercado laboral precario, empobrecido y muy desigual”. La vergüenza reside en todos los firmantes y especialmente en quienes se denominan “sindicatos” que avalan los intereses del capital.
El Derecho Fundamental a la Huelga, una vez más, ha sido cercenado y violado, a costa de Sentencias y/o Autos de Jueces que dictan las mismas, al dictado de los intereses del capital y sus representantes, los empresarios.
Cerrar el año de esta manera, significa colocar los Derechos Humanos y los Derechos Sociales, no en el árbol de la “navidad”, sino en el cubo de los desperdicios, que este estado (al igual que la U€), con sus distintos gobiernos, colocaron en el centro de la vida de millones y millones de personas, desde su “crisis-estafa”, hace ya 10 años.
Las clases asalariadas, los millones de pensionistas, las personas excluidas y pobres, la inmensa mayoría social, tenemos que decir BASTA nuevamente y con mucha mayor presencia en la calle.
Nos encontramos en una “guerra” sin cañones, donde sus leyes y sus sentencias, han destruido la convivencia social, la dignidad humana y nos han empobrecido material y psicológicamente, reduciéndonos a un “factor económico” o a meras mercancías de usar y tirar.
El 2018 tiene que ser un año de esperanza para los millones y millones de personas ninguneadas, robadas y expoliadas. Está en nuestras manos cambiar esta realidad de miseria colectiva. La respuesta en la calle y el conflicto son la única garantía que nos dejan para alcanzar una vida digna para todos y todas.
LA MOVILIZACIÓN ES LA ÚNICA SOLUCIÓN
Fuente: SP del Comité Confederal
