Comunicado del SP de la CGT de Catalunya contra los recortes de CiU.
Sólo dos días después de las elecciones del 20-N, el gobierno de la Generalitat de Catalunya ha hecho públicas unas nuevas medidas económicas que suponen el enésimo ataque contra las condiciones de vida y los derechos de la gran mayoría de la población. La actuación del gobierno, con Artur Mas al frente, ha evidenciado la gran farsa que ha supuesto el último proceso electoral y el tacticismo que han empleado los principales partidos políticos escondiendo sus intenciones reales detrás de mensajes amables e intencionadamente ambiguos.
El anuncio de nuevos recortes hecho por A. Mas el 22 de noviembre y las precisiones posteriores que están haciendo los consejeros B. Ruiz, A. Mas-Colell y F. Homs siguen un guión escrito, dirigido e interpretado. El golpe de estado de los mercados y del oligopolio financiero europeo e internacional han abocado a la ciudadanía a dar todo el poder a la derecha formal, como ha ocurrido a menudo en las situaciones históricas de pánico y de resignación (conocido : las fuerzas conservadoras se presentan como salvadoras ante la crisis y mucha gente lo cree, algunos cínicamente). El gobierno de la Generalitat ha actuado calculadamente para tener ahora las manos libres y continuar con la liquidación de algunos derechos que aún nos quedan. Así lo evidencian las medidas que estos últimos días se están haciendo públicas :
Los recortes salariales y de derechos sociales de los y las trabajadoras de más de 275 empresas públicas dependientes de la Generalitat, incluidas la ACA, FFCC de la Generalitat o la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
El incremento hasta el máximo permitido (en torno a un 7,5%) de las tasas universitarias.
La introducción del pago de las recetas médicas, el llamado «ticket moderador», como primer paso a imponer nuevas formas de pago de los servicios sanitarios públicos.
El incremento del transporte público.
El incremento del precio del combustible
La consolidación de los recortes presupuestarios del año 2011 en el ejercicio de 2012, con una nueva reducción del presupuesto de la Generalidad en cerca de un 10%.
Este nuevo ataque contra los derechos de la gran mayoría es posiblemente una previa de las medidas que intentará promover el nuevo gobierno estatal. Ante todo esto no podemos caer en una pasividad que, a la larga, es penalidad.
En primer lugar, porque estas medidas son tremendamente injustas. Los y las trabajadoras públicas han ido perdiendo poder adquisitivo de forma continuada desde el año 2008 con otros recortes y congelaciones de sueldos, pérdidas que llegan a más de 14% del salario real. Además, la degradación de las condiciones de trabajo en el sector público arrastra a la baja también la mayoría de convenios y contrataciones en la empresa privada. Por otra parte, el precio de los transportes públicos y de la educación superior ya hace años que ha experimentado subidas continuadas, con incrementos en los últimos 5 años muy superiores a los del IPC acumulado y del aumento nominal de salarios. Hay que recordar, además, que la sanidad pública es un servicio que pagamos entre todos y todas las trabajadoras y que el último año ha sufrido una fuerte degradación a consecuencia de los recortes. Además, hacer pagar por las recetas penaliza, en primer lugar, a las personas enfermas y, muy especialmente, a las de la tercera edad que, actualmente, están siendo víctimas de unas pensiones que se encuentran entre las más bajas de Europa.
En segundo lugar, estas medidas son una cortina de humo y no resuelven la situación económica de fondo. En vez de paliar la deuda pública reforzando una fiscalidad progresiva en función de la renta, se descapitaliza el ámbito público recortando los impuestos a los ricos. En vez de luchar contra el fraude fiscal de las grandes empresas, corporaciones y fortunas (los más altos de la UE, según diversos estudios), se promueve la presunción de culpabilidad hacia perceptores de ayudas sociales como el PIRMI y los/las usuarias los servicios públicos. En vez de exigir responsabilidades a las entidades financieras para la especulación con la deuda, se promueven recortes en los servicios públicos para cubrir sus agujeros financieros.
Las últimas medidas del gobierno Mas son un escalón más en este proceso de destrucción de derechos sociales en favor de los intereses privados. Las anteriores, como la reforma laboral del año pasado o los recortes en sanidad, pensiones o educación, se han mostrado ineficaces para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de la población. De hecho, nunca ha sido esa su intención.
Es por ello que desde la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía en general a promover medidas de resistencia hacia este nuevo ataque contra nuestras vidas. Desde la CGT de Catalunya así lo hemos hecho los días 17 y 18 de noviembre con las huelgas de las universidades y la sanidad. También lo hemos hecho en las calles y en las plazas, junto a los movimientos sociales, y en la lucha silenciosa y constante en los centros de trabajo.
Ahora, más que nunca, es necesario revitalizar estas y otras luchas. Hacerlas confluir en las calles y las empresas. Hay que detener estas agresiones y somos nosotros, los movimientos sociales y sindicales alternativos, que lo tenemos que hacer. Nos va el futuro.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT-Catalunya.
Barcelona, 28 de novembre de 2011
Fuente: CGT Catalunya
