¿De qué hablamos cuando nos referimos a los Servicios Públicos?

Hablamos de las necesidades que tenemos que cubrir desde que nacemos:

¿De qué hablamos cuando nos referimos a los Servicios Públicos?

Hablamos de las necesidades que tenemos que cubrir desde que nacemos:

¿De qué hablamos cuando nos referimos a los Servicios Públicos?

Hablamos de las necesidades que tenemos que cubrir desde que nacemos:

Ser cuidadas en la infancia y cuando sufrimos dependencia.
Educarnos para pensar y actuar como personas con autonomía.
Que nuestra salud sea buena y duradera.
Poder disponer y utilizar los medios esenciales para la vida: alimentos, energía, agua, viviendas…
Tener unos transportes adecuados y accesibles para relacionarnos con las demás personas, trasladarnos a los trabajos…
Tener pensiones adecuadas y suficientes cuando termina nuestro ciclo de trabajo obligatorio.
Tener prestaciones sociales suficientes en los casos de desempleo, situaciones de invalidez…
Tener unas ciudades limpias y un medio ambiente habitable.
Tener unos Medios de Comunicación Públicos al servicio de la ciudadanía para una información veraz e independiente de los poderes políticos y económicos.
Tener derecho a la producción de alimentos en el ámbito rural, como garantía de la supervivencia de sus poblaciones.

Porque la salud, la educación, la energía, el trabajo, los cuidados, el transporte, la vivienda, la alimentación…, son Derechos Sociales y Derechos Fundamentales de las Personas.

Nuestras necesidades, las que son comunes a todos los seres humanos, deben ser cubiertas a través de Sistemas Públicos, porque la lógica de lo Público tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades sociales y éstas son universales, nos afectan a todos y a todas a lo largo de nuestra vida:

Se busca la distribución de la riqueza que entre todos y todas creamos, para que todas las personas tengamos acceso a derechos esenciales para una vida digna de manera igualitaria y a protección social en situaciones de necesidad: desempleo, pensiones, rentas básicas, vivienda, educación, salud, hábitat, dependencia,…
No existe un interés privado, particular, sino colectivo, porque todas las personas tenemos las mismas necesidades y nadie debe apropiarse o lucrarse con ellas de manera egoísta y por interés particular.
Las prestaciones públicas son cubiertas con los recursos que producimos entre todos y todas a través de nuestro trabajo y del pago de impuestos. Todas las personas tenemos que contribuir, quien más gana más debe aportar. La sociedad tiene que ejercer la solidaridad.
La gestión de los servicios públicos no puede regirse por el principio de rentabilidad económica, sino por principios de reparto necesario y suficiente, para cubrir necesidades sociales.

La realidad es que las políticas económicas y sociales que vienen desplegando los gobiernos europeos no sólo contradicen los mandatos constitucionales, sino que demuestran una clara ausencia de democracia, trasladando al mercado la solución de las necesidades sociales y sus demandas, originando millones de personas perjudicadas, precarizadas y excluidas de estos bienes comunes, haciendo de la vida de mucha gente, una experiencia de dolor, miseria, indignidad e injusticia social.

¿Por qué nos han desposeído de estos Derechos Fundamentales y quienes son los responsables de esta barbaridad?:

A partir de los años 70, en este capitalismo liberal, se lleva a cabo la desposesión de los servicios esenciales para la comunidad, a través de su mercantilización y las privatizaciones de las empresas públicas, para ser convertidos en negocio.

La Unión €uropea liberalizó el mercado de los servicios y no reconoce claramente los servicios que son de interés general, no comerciales. Los tratados transatlánticos sobre inversiones y comercio (CETA, TTIP, TISA, etc…), amplifican la liberalización en base a tres premisas fundamentales: la desregulación, la eliminación de cualquier límite al “libre comercio” (derechos sociales, derechos laborales, límites medioambientales, límites fiscales, etc…) y la priorización de seguridad jurídica del inversor por encima de cualquier norma y derecho de los estados.

En el estado español, con los gobiernos del PSOE (años 80 y 90) y, a posteriori, (años 90 y 2000) con los gobiernos del PP, se entregaron al mercado privado la mayoría de las Empresas Públicas (Astilleros, Aluminio, Hierro, Automoción, Turismo, Autopistas, Electrónica, papel,) y se externalizaron Servicios Públicos que son esenciales para la Vida: Energía (petróleo, electricidad, gas….), Comunicación, Transportes por tierra mar y aire, conciertos sanitarios o educativos, etc…

Las grandes corporaciones-Empresas privadas del Ibex 35 (las eléctricas, las gasistas, las de comunicación, etc.), que antes eran públicas, en los 8 años de su “crisis-estafa”, se han embolsado privadamente más de 272.572 Millones de € netos.

¿Gestiona mejor lo privado? ¿Lo vuelve más eficiente? ¿Mejora las condiciones laborales y sociales? ¿Mejora las condiciones de accesibilidad a estos Servicios Públicos? ¿Es un sistema más equitativo?

La realidad lo desmiente:
La crisis-estafa que el capitalismo genera a partir del 2007, agudiza de manera letal la desposesión. En el período 2009-2014 en el estado español, la reducción del gasto público se acerca a los 78.000 millones de euros.

Los recortes son dramáticos para la mayoría social. Ninguno de los bienes comunes se libra de esta barbarie: la educación, la sanidad, la vivienda, las prestaciones de desempleo, los cuidados, la dependencia, la cultura, las pensiones, las inversiones en lo público…

Los gobiernos del PSOE y el PP, al dictado de Bruselas, recortaron el gasto social en las tres grandes partidas que afectan a los Derechos Sociales: los Servicios Públicos básicos, las prestaciones para la protección social y las políticas sociales.

Muy grave retroceso en la dotación del gasto para los Servicios Públicos Básicos:

Gasto sanitario: 9.600 Millones de €, lo que supone reducción salarial del personal sanitario de 3.244 Millones de € (menos plantilla y menos salarios) y la inversión en Sanidad que se redujo en 2.144 Millones.
Gasto educativo: 7.394 Millones de €, perdiendo las personas asalariadas un total de 3.705 Millones (menos plantilla y menos salarios) y dejando de invertir por valor de 2.235 Millones.
Gasto desempleo: el gasto bajó en 7.231 Millones de €, disminuyendo de manera drástica la tasa de cobertura (solamente el 54% de las personas paradas perciben alguna prestación), así como que las cantidades de la prestación cada vez son menores.

En las Administraciones Públicas recortan la plantilla, hay pérdida de un 15% de IPC en los últimos 4 años, además de la inestabilidad laboral, precariedad y la congelación salarial de quienes tienen que velar por la ejecución de unos Servicios Públicos de calidad para la ciudadanía.

Los Derechos no se Venden, se Defienden

Es una gran mentira que el mercado libre sea el mejor sistema de asignar recursos.
Sólo es eficiente el mercado si se tiene dinero y, además, agrede letalmente al medio ambiente y genera graves desigualdades.
Quienes han adoptado las Políticas del Mercado han generado sociedades des-cohesionadas, pobres, precarizadas, desiguales, agresivas, autoritarias.

CGT está por la defensa de los Servicios Públicos como derechos sociales para todos y todas.

CGT está en contra de la mercantilización de los servicios públicos. No compartimos la lógica neoliberal y la combatimos defendiendo un modelo económico basado en la justicia social, apostando nítidamente por su universalidad, suficiencia y eficiencia.

Luchamos por recuperar los Servicios Públicos en todas las administraciones, teniendo como objetivo final la gestión de los mismos por los propios trabajadores y usuarias.

NOS TOCA A TODOS Y TODAS PELEAR