Ignorando la sentencia que anula el ERE y que supone poner en su sitio al Consell tras el despido colectivo ilegal de un millar de empleados y chantajeando a la población del País valenciano al afirmar que esa es la manera de salvar otros servicios públicos… así es la forma de entender la política del Govern valencià.

Ignorando la sentencia que anula el ERE y que supone poner en su sitio al Consell tras el despido colectivo ilegal de un millar de empleados y chantajeando a la población del País valenciano al afirmar que esa es la manera de salvar otros servicios públicos… así es la forma de entender la política del Govern valencià.

Ignorando la sentencia que anula el ERE y que supone poner en su sitio al Consell tras el despido colectivo ilegal de un millar de empleados y chantajeando a la población del País valenciano al afirmar que esa es la manera de salvar otros servicios públicos… así es la forma de entender la política del Govern valencià.

Frente a ello, la CGT-PV destaca la importancia de una empresa pública cuyo cometido debiera haber sido la promoción de la cultura y la lengua propias, el respeto a la singularidad del País Valenciano, la formación en el conocimiento de las raíces y la vertebración del territorio. Todo ello gracias al trabajo de profesionales cuyo saber hacer debía estar al servicio de todas y todos los valencianos y que debía haberse garantizado mediante contrataciones objetivas, estables y respetuosas de los derechos laborales.

Sin embargo, RTVV ha sido instrumentalizada políticamente, usada como correa de transmisión de las consignas del gobierno de turno y, en consecuencia, convertida por sus dirigentes en un nido de corruptelas, en una empresa pública saqueada, maltratada, donde la censura, el nepotismo e incluso el acoso sexual han campado a sus anchas.

En este sentido, la CGT-PV manifiesta su rechazo a la pésima gestión política y económica que ha llevado a la televisión y radio públicas valencianas a la situación actual, y distingue al Consell y a las sucesivas direcciones de RTVV como culpables.

CGT insta a que se depuren responsabilidades, a que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y regresen a su puesto de trabajo las 952 personas despedidas ilegalmente, y a que se luche en defensa del empleo público y de calidad. Se trata de asegurar el derecho del pueblo valenciano a contar con un medio de comunicación público y democrático, medio cuya gestión debiera llevarse a cabo en clave obrera y colectiva. Ese es el futuro.

Para CGT-PV el anuncio de cierre de RTVV es un claro desprecio a los derechos de las y los valencianos