Grecia deberá suprimir la mayoría de créditos presupuestarios destinados al subsidio de solidaridad, recortar las pensiones más elevadas, reducir las primas y bonificaciones de semana santa, verano y navidad a los funcionarios y pensionistas, volver a aumentar el IVA y aumentar una vez más los
impuestos a los carburantes, el tabaco y el alcohol, entre otras cosas. Además deberá reformar las administraciones públicas, limitando las sustituciones de los funcionarios que se jubilen solamente al 20%, es decir, entrará 1 por cada 5 jubilaciones. También las pensiones serán reformadas,
aumentando la edad de jubilación y reduciendo el gasto público en pensiones durante el período 2010-2060, es decir, durante medio siglo.
Por si esto fuera poco habrá de elaborar una ley para reformar el sistema de negociación salarial en el sector privado, que prevea una reducción de la retribución de las horas extraordinarias, una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo y abre la posibilidad de acordar pactos territoriales locales para
fijar un incremento salarial inferior al previsto en los acuerdos sectoriales. O lo que es lo mismo eliminar por ley la negociación colectiva. De igual manera deberá ampliar el período de prueba en los nuevos contratos y facilitar un mayor recurso a los contratos temporales.
Resulta paradójico que seamos la clase trabajadora la designada para resolver un supuesto problema que no hemos creado. Y decimos supuesto problema porque alguien ha decidido que la deuda pública no debe superar un % del PIB. Todos los países están siendo presionados en este sentido, aunque no todos. Japón es el país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que posee la deuda pública más elevada, que alcanzará el 200% de su PIB para finales del 2010, sin embargo este país no está sufriendo las mismas presiones que el resto. ¿Por
qué ?, pues porque los inversores internacionales, es decir, los mercados, no son los suscriptores de la deuda pública japonesa, sino que son los ahorradores nacionales los que poseen más del 95% de la misma. Japón fija para los hogares una tasa de ahorro abultada y los mercados no son solicitados por la deuda pública japonesa. El resultado es claro : sin posesión no hay intromisión.
Si observamos las medidas impuestas a Grecia y que con insignificantes matices se están aplicando en todos los países, vemos que van encaminadas a la obtención de dinero por la vía rápida. El plazo vence, los prestamistas quieren cobrar y no están dispuestos a esperar el resultado de otras medidas
que repercutan en las clases más favorecidas, como gravar las rentas del capital, eliminar el fraude fiscal, el trabajo sumergido, etc. Además los propios mercados se verían afectados por estas medidas.
Es necesario recordar que, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 53% de los llamados hedge funds o fondos de libre inversión están domiciliados en paraísos fiscales, es decir, no tributan en ningún sitio.
Y es que en realidad el verdadero problema del déficit no está en el exceso del gasto público, sino en la falta de ingresos, o lo que es lo mismo la baja carga fiscal a empresarios y a las rentas del capital.
La eliminación del impuesto del patrimonio o las SICAV son un claro ejemplo. El que los empresarios españoles coticen de media 6500 euros menos que los trabajadores resulta significativo por no llamarlo escandaloso.
En 1995 los fondos privados de pensiones en el mundo gestionaban 4,9 billones de euros, alcanzando en el 2009 la cifra de 12,7 billones, es decir, el 27% del PIB mundial. Si a la privatización de las pensiones le sumamos la falta de recaudación a nivel global debido a la rebaja continuada de los
impuestos, tenemos como resultado un traspaso enorme de dinero que hace años gestionaban las administraciones públicas y ahora han pasado a administrar entidades privadas, bancos, fondos de inversión, en definitiva, los mercados.
El sistema capitalista, obedeciendo a su lógica de máximo rendimiento, ha seguido buscando el beneficio ilimitado, usando ese excedente de capital en la concesión de créditos sin medida a las clases medias y populares para que pudieran seguir consumiendo los productos que genera el propio sistema, creando una espiral infernal hasta llegar al colapso.
Un colapso que se traduce en el impago de préstamos de los consumidores a los bancos y a su vez, el impago de éstos a los mercados financieros y a otros bancos. Como colofón los estados entienden que hay que respaldar a la banca para que no quiebre, pero sobre todo para que los acreedores (esos
mismos mercados que han generado esta dinámica) no dejen de cobrar. Para ello optan por prestar dinero público a la banca, pero como los estados tampoco tienen dinero deben recurrir nuevamente a los mercados financieros para pedir más dinero, lo que provoca más aumento del gasto público y así
hasta el infinito. ¿Cómo no se le va a “ayudar” a Grecia a pagar su deuda si sus principales acreedores son los bancos alemanes y franceses ?.
Pues bien esta locura es el eje central de una política económica globalizada que lleva a las poblaciones a pobreza y exclusión social. Y ateniéndonos a las Decisiones que el Consejo Europeo exige a Grecia, vemos cómo las soberanías de los pueblos quedan en papel mojado, si es que alguna vez fueron otra cosa. Resulta inaceptable que se legisle de esa forma desde fuera y desde instituciones que no han elegido los pueblos.
Desde la CGT llevamos tiempo denunciando esta situación de injusticia y proponiendo como alternativa precisamente, lo contrario a lo que se ha hecho, un mejor reparto de la riqueza.
Entendiéndolo no como reparto de dividendos o acciones entre la población, sino empleando ese dinero en unos servicios públicos de calidad y con carácter verdaderamente universal para que podamos disfrutarlos las personas que realmente producimos dicha riqueza. Para que esto sea posible
resulta imprescindible que pasen a gestión totalmente pública el control de las energías, los transportes, las telecomunicaciones, la gestión del agua, la sanidad, la educación, etc,,, .
Las personas no tenemos el mismo concepto de rentabilidad que el sistema capitalista, por tanto los recursos e infraestructuras necesarias para hacer posible que toda la población tenga cubiertas las necesidades básicas no pueden estar gestionados por quienes nos han llevado a esta situación.
Pensamos que ha llegado el momento de decir BASTA, pero no sólo a los mercados, sino también a los diferentes Estados que siguen las instrucciones de las instituciones privadas. Es inadmisible que las propias entidades que generaron la crisis sean las que estén imponiendo sus propuestas para salir
de la misma y resulta bochornoso el acatamiento sin titubeos de toda la clase política.
En estas circunstancias la pasividad no es sólo su fuerza, sino que además es una actitud suicida.
Secretariado Permanente Comité Confederal de la CGT
Fuente: SPCC-CGT
