La Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado estar de acuerdo con el paso que España ha dado saliendo del tratado internacional de la Carta de la Energía (TCE) y contra la que lleva posicionada como organización desde hace algunos años, por entender que solo beneficia a las grandes empresas en detrimento de las necesidades y derechos básicos de la ciudadanía.
La organización anarcosindicalista, que subraya que este paso ha estado motivado por las posibles sanciones económicas que podrían acarrear al Estado las reclamaciones de los inversores, ha explicado que esta alianza está llena de trampas. Para empezar, y como ya respaldó CGT en 2020 en una petición dirigida junto a otras organizaciones a la ministra Teresa Ribera, la TCE se aprobó hace 28 años, bajo el Gobierno socialista de Felipe González, sin consulta ni debate público. Por otro lado, solo protegería a los inversores, pero no a los propios países que la han asumido ni mucho menos a sus ciudadanos y ciudadanas. También supondría un posible endeudamiento de los Estados, al ser reclamados económicamente por indemnización a los inversores. Además, indican desde CGT, esta carta o tratado no iba a contribuir a la lucha contra el cambio climático ni tampoco contra la pobreza energética, que dada la situación actual de crisis socioeconómica, es un problema sin abordar por parte de los gobernantes ante la llegada nuevamente del invierno.
CGT aprovecha para plantear la idea de que otras políticas, que pongan en el centro a las personas, sobre todo a las más vulnerables de nuestra sociedad, son posibles si de veras se tiene voluntad política. En este sentido, los y las anarcosindicalistas también han querido recalcar que existen otro tipo de tratados internacionales que dan un gran poder a las multinacionales en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos y las ciudadanas, por eso realizan un llamamiento a toda la sociedad para continuar ejerciendo presión contra la firma y la renovación de los mismos por parte de los gobiernos de turno.
