La Comisión Europea. La Europa de los trileros

El día 5 de julio de 2016 la Comisión Europea ha anunciado la decisión de acelerar la aprobación y aplicación provisional del acuerdo entre la UE y Canadá (Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la UE y Canadá) conocido como CETA y también como el TTIP Canadiense, debido a que es prácticamente gemelo de su hermano mayor el TTIP. Esta decisión supone una amenaza a la democracia y a la protección de los derechos sanitarios, laborales, sociales y ambientales. La Comisión está presionando a los gobiernos europeos para que este tratado se aplique provisionalmente antes de ser aprobado por los respectivos parlamentos nacionales.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

La comisión ha reconocido que este acuerdo requiere la aprobación de los parlamentos nacionales de los 28 países que forman la UE, puesto que no se trata simplemente de un tratado de comercio (intercambio de bienes y bajada de aranceles...) sino que, tal y como veníamos reclamando en las campañas y plataformas NOTTIP de toda Europa, afecta directamente a competencias exclusivas de los Estados; pero a pesar de ello la Comisión insiste en que el tratado comercial entre en vigor antes de ser aprobado por los Parlamentos Nacionales de cada uno de los Estados que forman la UE.

Estamos en el peor escenario posible: la Comisaria de Comercio de la UE Cecilia Manstrom y el Presidente de la Comisión Europea Junkers, declaraban hace unos días que el CETA era un tratado de competencia exclusiva de la UE, por lo que no tenía que ser ratificado por los parlamentos de los 28. Ante la resistencia de algunos países que no apoyan este planteamiento, la Comisión lo declara Mixto pero de la peor forma, con entrada en vigor inmediata previo paso por el Parlamento Europeo.

De nada nos sirve tumbar el TTIP si el CETA entra en vigor, pues las consecuencias de su aplicación son idénticas a las del TTIP: armonización a la baja de los estándares europeos, desregularización del mercado laboral (el derecho de sindicación y de negociación colectiva no están suficientemente explicitados en el Tratado). No es casualidad que Canada no ratifique todos los convenios de la OIT. Por otra parte, la llamada “lista negativa” (standstill en los textos) recoge que los Estados deben elegir una lista limitada de servicios que no quieren que sean privatizados.

Todos los demás, incluyendo los futuros, estarían abiertos a competencia extranjera y a una posible privatización, por lo que difícilmente se volverían a gestionar públicamente por su alto coste.

La entrada en vigor del CETA traería consigo la exportación de transgénicos, la eliminación del REACH (desregulación de sustancias químicas), una mayor duración de las patentes farmacéuticas, entre otras consecuencias, como la entrada de las multinacionales de la energía canadienses con la consiguiente aprobación del fraking, las arenas bituminosas… frenando el desarrollo de las energías limpias de carácter local y aumentando, de esa forma, las emisiones de CO2. Con la aprobación del CETA, las multinacionales estadounidenses podrían operar en Europa, a través de sus filiales canadienses porque el CETA es el caballo de Troya de un posible TTIP fallido.

En este contexto, tras la decisión que adopte el Consejo en su reunión de septiembre, con la aprobación del Parlamento Europeo será posible aplicar provisionalmente CETA a partir de octubre.

La entrada en vigor inmediata va a tener consecuencias devastadoras si no podemos detenerla, ya que aunque posteriormente sea rechazada por alguno de los Parlamentos de los 28 Estados, con la consecuencia de la suspensión de su aplicación, en el tiempo vigencia se habrán cambiado normativas y privatizado servicios públicos que difícilmente podrán volver a ser revertidos debido al alto coste que ello supondrá para el erario público.

Es necesario que en septiembre las distintas plataformas anti TTIP-CETA-TISA coordinadas a nivel europeo, deberíamos hacer un esfuerzo de movilización (en la que la CGT debe estar movilizada y participando en todo el Estado) en denuncia directa a la Comisión Europea y al Consejo de septiembre para que no se apruebe esta barbaridad. Así como presionar para que el nuevo Parlamento vote una propuesta de urgencia declarando que el Estado Español votará en contra en el Consejo de septiembre.

07·07·2016 · redaccion