Por unos servicios financieros públicos, éticos y democráticos

Con la excusa de la crisis se está llevando a cabo un sistemático e intenso desfalco de fondos públicos, un expolio generalizado de los recursos vitales de las clases trabajadoras, y de la gran mayoría de la población, y un saqueo a los recursos naturales del propio planeta. En términos cuantitativos, se podría afirmar que a través de la historia nunca se había robado tanto a tanta gente, como tampoco habíamos estado nunca tan cerca del colapso ecológico.

Secretariado Permanente del Comité Confederal

En el Estado español, como en otros países de la periferia europea, se empobrece la población, arrojando a más de seis millones de personas directamente al paro, mientras aumenta la explotación con la eliminación de derechos básicos laborales y con las reformas antisociales. Se privatizan o se eliminan servicios públicos esenciales para los sectores más necesitados, mientras se hace inviable el futuro de las nuevas generaciones, arrojándolas a condiciones de semiesclavitud o indigencia. Y mientras todo eso sucede, se traspasan ingentes sumas de dinero hacia los bancos podridos por la especulación inmobiliaria, y se permiten sin reparos y diariamente enormes operaciones de delincuencia financiera.

1. El monopolio de la banca privada

Con la política institucional completamente entregada al servicio de los banqueros y grandes especuladores, el gobierno de Rajoy profundiza de manera salvaje en las políticas que ya inició el gobierno de Zapatero. De hecho, entre ambos partidos, PP y PSOE, con el apoyo de otras fuerzas de la derecha parlamentaria, aprobaron en el verano de 2010, con Zapatero todavía en el gobierno, la llamada “Ley de Cajas”, mediante la cual se inició un proceso de saneamiento, con fondos públicos, de esas entidades, para acabar siendo regaladas a la banca privada. Las Cajas de Ahorro, que gestionaban el 49% del mercado financiero español, suponían un botín largamente anhelado por la banca privada, con el objetivo de monopolizar el sistema financiero.
Hasta la fecha, tres entidades saneadas con miles de millones del erario público han sido adquiridas por la banca privada al precio simbólico de 1 euro: la CAM, por el Banco Sabadell, UNNIM, por el BBVA, y el Banco de Valencia por parte de CaixaBank. Lo mismo se pretende hacer con Bankia, CatalunyaCaixa y NovaGalicia, todavía bajo el control de los fondos públicos. Sin ningún tipo de disimulo, el gobierno de Rajoy se propone, a la finalización del proceso, dejar la práctica totalidad de los servicios financieros bajo el control privado. La especulación campando a sus anchas, en régimen de monopolio.
El anterior espejismo de democracia va dando paso a una auténtica cleptocracia bancaria, o gobierno de los ladrones financieros. He aquí algunos apartados que ilustran la situación:

-En la eurozona, los banqueros privados ya han recibido billones de euros (con b), en créditos blandos (al 1% de interés) del Banco Central Europeo (BCE) presidido por Mario Draghi, en teoría “para reactivar la economía productiva y hacer fluir el crédito a empresas y particulares”. Las últimas dos grandes partidas fueron 489.191 millones en diciembre de 2011, y otros 529.531 millones de euros en enero de 2012. De esos 1.018.722 millones (casi el montante del PIB anual del Estado español), al menos 224.861 millones fueron a parar a los bancos españoles en las dos subastas. ¿Qué han hecho estos, con toda esa montaña de dinero? Pues sanear balances, especular con la deuda pública (la española roza el 6% de interés) mientras mantienen cerrado el grifo del crédito. Pura especulación con fondos públicos, sin arriesgar un céntimo, y a cargo de la ciudadanía.

-El FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) es un organismo creado para salvar empresas financieras ruinosas con fondos públicos. Con la apariencia de “préstamos”, tenía hasta noviembre de 2012 adjudicados 25.117 millones de euros, a los que hay que añadir los 39.468 millones de la primera fase del rescate bancario del 11-12-12 (podría dotarse de hasta 90.000 millones de euros). De todo ese dinero, la CAM tenía inyectados 5.800 millones de euros, pero ha sido vendida al Banco Sabadell por el simbólico precio de 1 euro. UNNIM había recibido 948 millones del FROB, pero ha sido vendida al BBVA por el mismo precio: 1 euro. La tercera operación, sin descartar que puedan venir otras, ha sido la del Banco de Valencia: recibe a través del FROB 4.500 millones de euros, pero ya ha sido adjudicado a CaixaBank, también por 1 euro. Además, todas estas operaciones han supuesto el cierre de centenares de oficinas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Pero, si se han inyectado en las tres entidades 11.248 millones y sólo se han recibido 3 euros, ¿cuándo se devolverá el resto?

-El llamado “rescate bancario”, cuya primera fase son los citados 39.468 millones de euros (Bankia, 17.960; CatalunyaCaixa, 9.084; NovaGalicia, 5.425; Banco de Valencia, los citados 4.500, más otros 2.500 millones para capitalizar el “Banco Malo”) tiene unas condiciones que, por supuesto y si no lo remediamos, vamos a pagar entre todos. Además de nuevos recortes impuestos que, aunque rodeados de secretismo, apuntan al sistema público de pensiones, el montante de las enormes sumas de dinero que van a parar a la banca las garantiza el Estado, ya que computan como deuda pública, con la prioridad de su pago que determina la reforma-express (PP+PSOE) del artículo 135 de la Constitución, más los correspondientes intereses, cercanos al 6%.

-El llamado “banco malo” recibe el barroco nombre de “Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Consiste en un basurero, de titularidad pública, de activos tóxicos privados, mayoritariamente inmuebles, de los que se desprenden los bancos y las Cajas privatizadas (“aislar los activos inmobiliarios tóxicos”). Como hemos citado, a este pozo de inmundicia financiera se le ha dotado con un capital inicial de 2.500 millones, de fondos FROB, y la primera partida tóxica a gestionar son 44.000 millones en inmuebles procedentes de las cuatro entidades “rescatadas”: Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Banco de Valencia. En resumen: la basura financiera generada por una gestión delictiva es traspasada directamente al erario público.

-La generalización de los desahucios (y el mantenimiento de las deudas de las víctimas de los mismos) por parte de la banca privada corre paralela al desarrollo de la crisis. En sí mismos, los desahucios reflejan el grado de inmoralidad de los banqueros. Es perentoria la necesidad de defender el derecho (constitucional por otra parte) a una vivienda digna para todas las personas, y acabar con la tiranía de estos delincuentes sociales. Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) desde junio de 2009 a junio de 2012 se produjeron en España 168.534 desahucios, que en la actualidad pueden haber alcanzado ya los 200.000.

También es preciso tener en cuenta otros datos que ilustran el auténtico expolio que se está produciendo, y que también tienen que ver con la fontanería bancaria:

-La deuda pública española se puede considerar ilegítima, ya que no solamente ha aumentado drásticamente para mantener instituciones parasitarias (la banca, el ejército, la Iglesia, la monarquía…) sino que toda ella es objeto de una operación especulativa a gran escala. En los presupuestos del gobierno de Rajoy para 2013 está previsto el pago de 38.600 millones, ¡solamente en intereses! Por comparar, esa cantidad casi multiplica por cuatro el importe de los recortes en sanidad y educación, llevados a cabo por el Gobierno de Rajoy. Por cierto, y como hemos dicho antes, buena parte irá a parar a los bolsillos de los especuladores bancarios.

-El fraude fiscal supone entre el 20 y el 25%, el doble de los países de la UE, y en cifras aumenta cada año aproximadamente en 70.000 millones. Solamente esa cantidad bastaría para equiparar el gasto social de todo el Estado español a la media de la UE-15, sin hacer el más mínimo recorte. En los últimos cuatro años (período de prescripción que establece la Ley General Tributaria) estaríamos hablando de 280.000 millones de euros. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) los autónomos defraudan un 8% del total, las PYMES un 12%, y el 71% es responsabilidad de las grandes empresas y las grandes fortunas. La amnistía fiscal promovida por el gobierno de Rajoy apenas ha hecho aflorar 1.200 millones de euros. Premiando al defraudador, el mensaje es demoledor: quien pueda que defraude, que encima se le premia.

-La evasión de capitales hacia paraísos fiscales alcanza en el Estado español cifras astronómicas, y crece sin freno. Desde Emilio Ybarra a Emilio Botín, los escándalos que se han podido conocer sitúan la responsabilidad de muchos casos muy cerca de los consejos de administración de los bancos. Según el Banco de España, desde julio de 2011 a julio de 2012 se evadieron del territorio español 326.458 millones de euros, un 30% del PIB estatal. La permisividad, el secretismo de los medios y la omertà que se suele imponer, desde esferas del poder político, sobre los casos que afectan a personas “importantes”, están a la orden del día.

-Las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) es el instrumento preferido por muchas de las grandes fortunas españolas para diferir el pago de impuestos o reducirlos al mínimo (1%). En 2011 se contabilizaron 26.172 millones de euros, gestionados a través de los principales bancos privados.

2. ¿Es posible acabar con la política de casino?

Todo lo descrito hasta aquí forma parte de un sistemático y gigantesco saqueo de fondos públicos, vitales para la vida digna de las personas, y que el capitalismo especulativo intenta perpetuar y aumentar, con la complicidad de la clase política y de las instituciones, ya sean autonómicas o estatales, y al dictado de una Unión Europea que, con el BCE y el FMI, impone recortes y privatización de servicios sociales básicos, que suponen la exclusión de los sectores más vulnerables.
Una política de casino, en la que la banca siempre gana, aunque sea a base de dejar a los mayores sin pensión, a la gente trabajadora sin trabajo o sin derechos, y a la juventud sin futuro y sin presente, la mitad víctimas del paro, y la otra mitad víctimas de la explotación esclavista. Con unos medios de comunicación privados y prostituidos en beneficio de los saqueadores, nos quieren hacer ver que no hay alternativa, que lo tenemos merecido, que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, que los sacrificios son inevitables, y que encima es por nuestro bien, ya que con ellos saldremos de la crisis.
Sin embargo, hay alternativas a la dictadura de este sistema capitalista, corrupto y ladrón. Depende de nosotras y de nosotros el consentir que siga produciéndose el expolio. Todo pasa por la toma de conciencia, y la movilización ciudadana. No será fácil, pero tampoco imposible. De entrada, se trata de recuperar el sentido de la justicia, la solidaridad y las formas directas y esenciales de la práctica democrática, y no esta caricatura mentirosa que nos quieren vender.
De entrada y entre otras, serían imprescindibles las siguientes medidas, dentro del sector financiero:

1. La investigación en profundidad, imparcial e independiente de los hechos que han provocado los agujeros negros, de dimensiones históricas, en las entidades financieras.

2. El procesamiento de los gestores responsables de estos hechos, desde las antiguas Caja de Madrid y Bancaja, y posteriormente de Bankia, con devolución de las cantidades substraídas, embargo de los bienes de sus patrimonios personales para tal fin, y anulación de todos los sueldos millonarios de los directivos.

3. Investigación y, en su caso, procesamiento de los responsables del organismo supervisor, el Banco de España, comenzando por el antiguo gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su conducta negligente y/o cómplice del fabuloso desfalco al erario público que se ha llevado a cabo.

4. Dimisión del ministro De Guindos, antiguo ejecutivo para España y Portugal de Lehman Brothers (banco norteamericano que quebró en 2008 por las hipotecas subprime), por su responsabilidad al traspasar ese enorme agujero de pérdidas privadas al sector público.

5. Supresión del negocio hipotecario y, priorizando el derecho a la vivienda digna, renegociación de los créditos actuales ajustándolos a los ingresos reales de las familias y de las personas. Ni un solo desahucio más.

6. El mantenimiento del empleo en el sector, sin pérdidas de derechos, y la integración de las oficinas de las Cajas de Ahorros en la red pública de servicios financieros.
Con carácter general, la construcción de una sociedad justa, sin excluidos ni privilegiados, también pasa por:

7. No pagar la deuda externa, ya que se ha generado de manera ilegítima. Está demostrado que el pago de esa deuda pública es incompatible con los derechos de las personas y el futuro de la sociedad.

8. El cese de los recortes en servicios sociales, educación y sanidad y atención social. El rescate de los banqueros demuestra que ya que es posible, al parecer, tapar semejante agujero, también es posible mantener y mejorar los servicios públicos.

9. Control y represión de la evasión de capitales. Supresión de los paraísos fiscales.

10. Control y represión del fraude fiscal, en especial de los grandes defraudadores. Supresión de las SICAV y de todos los instrumentos legales de reducción o evasión de impuestos

11. Un sistema fiscal justo y solidario, orientado al reparto equitativo de la riqueza y a garantizar los recursos necesarios para la vida digna de las personas y la renta básica, gravando a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios.

12. Generación, con los recursos públicos obtenidos con todas estas medidas, de un programa de generación de puestos de trabajo y potenciación de cooperativas autogestionadas, con dedicación preferente en el cuidado de las personas, del medio ambiente y de la investigación.

3. La banca pública

En el momento actual, una sociedad será tanto más justa, cuanto más éticos y democráticos sean sus servicios financieros. Como hemos visto hasta aquí, la banca privada, y mucho más actuando en régimen de monopolio, tiene absolutamente esclava a toda la sociedad, e hipotecadas no solamente nuestras casas, sino también nuestras propias vidas y nuestro futuro. Por lo tanto, el romper ese monopolio de especulación privada se revela cada vez más como una necesidad inaplazable.
Esa necesidad pasa por la creación de unos servicios financieros de carácter público, prácticas éticas y control democrático, al servicio de los derechos de la población trabajadora, del cooperativismo y de la economía productiva. La banca que reclamamos, como un servicio público más, es la vía necesaria para romper con las reglas de la especulación capitalista.
No reivindicamos solamente la “nacionalización” de la banca actual. La propuesta de unos servicios financieros de titularidad pública, y al servicio de las y los trabajadores y de la sociedad pasa por suprimir la gestión privada, pero sobre todo por cambiar las funciones de los servicios financieros y las reglas de juego que impone el sistema capitalista. Por eso proponemos:

-Que las entidades intervenidas con fondos públicos, con sus redes de oficinas y plantilla de trabajadores, pasen a formar parte de la constitución del sistema financiero público.

-Que la banca pública se supervise mediante el control democrático de la gestión, tanto por parte de la propia plantilla que los llevará a cabo como por parte de los destinatarios de los mismos, la propia ciudadanía.

-Que los servicios y productos financieros de la banca pública sean coherentes con la función social y el bien común, no prestándose a la actividad especulativa. No se trata de “financiar derechos”, sino de garantizarlos y, desde ahí, atender necesidades complementarias de la población.

Secretariado Permanente del Comité Confederal

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21·01·2013 · redaccion